Una revisión de la nueva ley de Contratos del Sector Público (y 3)

Terminaremos este breve repaso a la nueva ley con un análisis del momento clave en el proceso de contratación, la adjudicación. Después de los aspectos generales de la primera entrega y de la preparación en la segunda, para este paso, la ley introduce novedades centradas en la idea de la relación calidad-precio y abandona el concepto de oferta más ventajosa desde la perspectiva estricta del precio.

La adjudicación

La ley establece que la adjudicación, como norma, se hará considerando diversos criterios que busquen la mejor relación calidad-precio. Las adjudicaciones que únicamente se basen en el precio siguen siendo posibles, pero la ley delimita muy claramente su contexto, y además abre otras vías para considerar los costes de las prestaciones. De hecho, se admiten los criterios de mejor relación coste-eficacia, así como el cálculo del coste del ciclo de vida, que han de ser planteados y justificados en el expediente de contratación.

2013-03-30 13.53.58

La relación calidad-precio se ha de basar tanto en criterios objetivos como en subjetivos. Estos criterios han de quedar claramente expresados en los pliegos, y ahí se pueden introducir aspectos ambientales (o sociales) como la reducción de GEI o la eficiencia energética. De esta forma, los criterios no crematísticos adquieren plena legalidad. Hay un listado amplio (y abierto) de cuestiones susceptibles de ser incorporadas entre los criterios de adjudicación, y por tanto valoradas, y no tiene por qué haber una vinculación directa de los criterios de adjudicación al objeto del contrato. Como ejemplo, se le puede exigir un cierto nivel de GEI al adjudicatario de la cafetería del Congreso de los Diputados.

Lo mejor es que se ha superado el concepto “oferta económicamente más ventajosa” por el de “mejor relación calidad precio”, principio este que debe orientar el establecimiento de los criterios de adjudicación. Como ya hemos señalado, podrán ser económicos (cuantitativos) y cualitativos; respecto de los primeros, y significativamente empleamos el plural, no es sólo el precio, también se considera la relación coste-eficacia o el cálculo del coste del ciclo de vida (al que se dedica un artículo a su definición). Los cualitativos incluyen el valor técnico, la estética, el servicio posventa,… así como los elementos ambientales y sociales ya mencionados. Estos criterios pueden ser objetivos (que se puedan medir cuantitativamente) o subjetivos.

En el caso de que sólo se use un criterio, deberá estar vinculado al coste. Cuando se usen varios, el órgano de contratación podrá disponer con libertad como se organizan y ponderan, teniendo presente que se preferirán los cualitativos objetivos a los subjetivos, y que cuando se usen criterios cualitativos, han de acompañarse de uno cuantitativo al menos vinculado al coste, aunque hay libertad para determinar la ponderación de cada uno.

Si los criterios subjetivos (no cuantificables objetivamente) tienen más peso que los objetivos, un comité experto de al menos cinco miembros ha de evaluarlo (o un organismo técnico especializado). La ley, como hemos dicho, prefiere criterios objetivos, y si es posible se les debe dar preponderancia, pero los subjetivos son igual de legales. De hecho, que los objetivos tengan más peso no es obligatorio, y tampoco se señala la importancia que ha de recibir el precio, aunque su inclusión es preceptiva.

El precio

Aunque ya no es el único parámetro ni es el centro de la contratación, sigue siendo muy importante, lo que obviamente es comprensible. La ley 9/2017 plantea un enfoque más general y habla de criterios económicos, señalando tres sistemas de valoración:

  • El precio estricto del producto.
  • La relación coste-eficacia, o sea, el coste en relación a la vida útil.
  • El coste del ciclo de vida del producto, lo que comprende todas las etapas o fases consecutivas que se suceden en la existencia del mismo (I+D, fabricación, transporte, uso, mantenimiento y fin de vida).

Este último criterio es muy potente si se quiere impulsar una compra pública responsable. Con todo, sigue siendo poderosa la inercia de la sobreponderación del precio, que tantas veces conduce a unos servicios “low cost” con todo lo que eso implica para los suministradores, el Sector Público, los usuarios…

En todo caso, la ley establece que se han de tener en cuenta los costes laborales de los potenciales contratistas para fijar el presupuesto base de licitación, y de hecho se deberá incluir esa estimación para que se puedan rechazar las ofertas temerarias. Los órganos de contratación deben velar para que se cumplan, durante la ejecución del contrato, las obligaciones legales en materia social y ambiental, y se establece que las empresas contratistas están obligadas a cumplir los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

Es evidente que el modelo anterior incentivaba la aparición de ofertas centradas en la minimización de costes, por lo que los licitadores no dudaban en reducir salarios, o eludir sus responsabilidades ambientales y sociales, todo con tal de reducir la única variable que al final se iba a tener en cuenta: el precio. Con el marco actual la situación es completamente diferente, pues aunque será difícil cambiar ciertas tendencias, lo cierto es que el precio ya no es el único, y ni siquiera el más importante, criterio de adjudicación. Además, hay otras salvaguardas para evitar estos comportamientos.

La ley prevé un sistema de modulación del peso de distintos criterios, al fijar un umbral mínimo del 50% en la puntuación de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. Es una previsión eficaz para evitar las ofertas enfocadas al precio y que abandonan la calidad. Se hace imposible que una oferta que todo lo fía a un precio muy bajo pueda ganar; es necesario un equilibrio entre los componentes de la propuesta. Y es de hecho una forma de garantizar la efectividad del principio de mejor relación calidad precio enunciado al principio.

En resumen, el precio ya no es el eje de la adjudicación. La calidad importa, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales importa. Y lo que es más, la Administración puede imponer criterios de responsabilidad en estos campos para adjudicar un contrato. En conexión con lo visto hasta ahora, cabe recordar que se pueden planificar acciones de contratación a medio plazo (de hecho, se debe); estas admiten la posibilidad de reservar partes a la economía social; es posible establecer condiciones ambientales en la adjudicación (y en la ejecución), tanto para ésta como para el desarrollo de las prestaciones posteriormente, sin que el precio sea el determinante único; se puede condicionar la adjudicación a la subcontrata de entidades de economía social; los contratistas enfocados únicamente en el precio tienen menos posibilidades de conseguir licitaciones; se pueden organizar lotes para fomentar la participación de pequeñas empresas. En resumen, la ley resulta un instrumento eficaz para implementar políticas de compra pública responsable, indispensables para afrontar los desafíos que tenemos. Ahora hacen falta esas políticas, en el marco de estrategias adecuadas.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s